La Ley de Puertos de 1992 supuso el nacimiento de Puertos del Estado, organismo público que implantó las Autoridades Portuarias en sustitución de las casi centenarias Juntas de Obras del Puerto. Desde esa fecha se ha desarrollado un nuevo modelo portuario con un reparto competencial entre la Administración central y las comunidades autónomas, que ha dotado a los puertos de autonomía de gestión, basado en la autosuficiencia financiera, y con unas infraestructuras de primer nivel gracias a las inversiones públicas (15.000 M€) y privadas (13.000 M€). El sistema portuario actual, formado por 46 puertos gestionados por 26 Autoridades Portuarias, es un elemento clave de la economía nacional, ya que gestiona la mayor parte de las importaciones y exportaciones españolas.
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